Los niños desechados
De los 272 niños y adolescentes que han sido adoptados desde el 2018, solo el 0,74% de ellos tiene alguna discapacidad. Los gastos económicos, la falta de educación inclusiva, acompañamiento y ayuda por parte del Gobierno son algunos de los factores que dificultan su adopción
Por Zoila Sendrós Cendoya
“El país les tiene a las personas con discapacidad, como ciudadanos de tercera clase” dice Maricela Miranda madre adoptiva de Ronald, de 20 años. Él tiene 95% de discapacidad y es uno de los pocos chicos de este grupo minoritario que han logrado ser queridos y cuidados por una familia.
“Si les dan a escoger entre un niño regular de 5 años y uno con discapacidad, le van a dar más prioridad al niño regular. No les dan importancia”, remarca Maricela.
Existen varios motivos por los que los menores con discapacidad no son adoptados,
como la falta de educación inclusiva en las escuelas y colegios, la poca ayuda económica por parte del Gobierno, el escaso apoyo social después de realizada la adopción, y el tiempo de espera, que en ocasiones juega un papel fundamental en la vida o muerte del niño. “Existe en los padres mucha duda sobre qué va a pasar si adoptan a estos niños” añade Rebeca Carrera, psicopedagoga que ha trabajado en casas de acogida.
Fuente: Luís R. Castellanos
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En relación al sistema educativo, Jacqueline Aldas, Presidenta de la fundación Camp Hope, comenta que si las familias pueden pagar una institución privada, la situación es mejor, pero si el niño debe ir a una institución educativa del Estado, “es diferente, todo son barreras. Barreras sociales, en infraestructura, administrativas, educativas o asistencia médica”.
Fuente: diario El Sol De Puebla
Jacqueline añade que es difícil incluir a un niño con capacidades especiales porque los profesores deben atender a más de 25 alumnos, especialmente cuando hay gradas y la movilidad es difícil, o cuando los baños no están adaptados. “Los niños son tratados como muebles, solo les pasan de año porque por lo estipulado en la ley no pueden dejarlos” resalta la presidenta.
No solo la falta de educación inclusiva es un impedimento, también lo son las “escasas” ayudas económicas que proporciona el gobierno a las personas con alguna discapacidad. Según Maricela Miranda, el gasto que supone cuidar a su hijo, es de aproximadamente de 2500 dólares mensuales y los 240 dólares al mes que le otorgan por el Bono Joaquín Gallegos, para personas con discapacidad, no le alcanza ni para una semana.
“Los sistemas judiciales son muy fríos, el ser humano es evaluado casi como una plantilla donde tú pones un check list y ya” comparte la psicóloga de familia Sonnia Navas. Ella defiende que uno de los factores que limita la adopción es la falta de apoyo y seguimiento por parte del Gobierno. Las familias que finalmente deciden adoptar, necesitan saber que si en el futuro tienen algún problema con el hijo adoptivo, podrán respaldarse en una institución como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y que no van a estar solos durante el proceso y después de éste.
En el 2020, según estadísticas del MIES, el 35% de los niños declarados aptos para ser adoptados tenía alguna discapacidad, mientras que el 55% estaba sano. De los 78 adoptados finalmente, ninguno tenía discapacidad. Y es que en los últimos 3 años, de los 272 niños/as y adolescentes adoptados solo 2 tenían alguna discapacidad. El resto (270) eran sanos o tenían alguna enfermedad tratable. Para elaborar este reporte, se intentó varios modos de comunicarse con sus responsables, pero no los atendieron.
Adoptados
del 2018 al 2020
Fuente: MIES (Ministerio de Inclusión Económica Y Social)
LARGAS ESPERAS Y COSTOS ELEVADOS
El sistema de adopciones en Ecuador está constituido de 9 fases, entre administrativas y judiciales. Daniel Castañeda, padre adoptivo de Edison, indica que para muchas familias el proceso es largo, tanto que “la desesperación por agilizar las cosas podría provocar la necesidad de coimar a unos funcionarios o viceversa”.
Fuente: MIES (Ministerio de Inclusión Económica Y Social)
Para el abogado León Roldós, abogado con experiencia en adopciones, el trámite es más largo de lo que debería: “ El proceso judicial en teoría no debería durar más de 90 días idóneamente pero sí se extiende por meses. Más que nada por la parte administrativa y la saturación de la función judicial que hay en el Ecuador”.
A estas largas esperas se le suman los costos elevados que algunas familias deben afrontar. Aunque el Estado dice que el trámite es totalmente gratis, Rebeca lo refuta: "En una adopción les pidieron mucho dinero, por ejemplo, tenían que entregar un papel notarizado que les costaba 300 dólares”.
Actualmente en Ecuador no existe un sistema de acogida temporal dirigido por el MIES. Rebeca, junto a otra familia, trató de que el MIES implementará ese programa a través de una propuesta presentada en el año 2012. “Tratamos de poner en marcha un proyecto de acogida temporal, pero el Estado nos lo negó” dice la psicopedagoga.
Actualmente Aldeas Infantiles SOS, organización de desarrollo social que trabaja por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lleva a cabo el programa “Hogares temporales”, que proporciona un espacio seguro y familiar donde los niños permanecen por un tiempo hasta que su familia pueda garantizar todos sus derechos de nuevo. Según Sonia, Rebeca y Maricela, la implementación de este sistema aportaría aspectos positivos al proceso de adopción. Sin embargo, Jacqueline opina que afectaría de manera negativa a los menores en proceso de adopción por el apego inseguro que generaría.
